En agosto del 2021 el país se conmocionó cuando se destapó el escándalo de corrupción que comprometían 70.000 millones de pesos. El monto, que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones había desembolsado en febrero, originalmente tenía el objetivo de llevar el servicio de Internet a 7.277 colegios rurales del país. Todo, pese a las advertencias enviadas con meses de anticipación por la periodista de W Radio, Paola Herrera. Ella, desde 2020 quien seguía de cerca ese contrato billonario, el cual se había adjudicado a Centros Poblados.
Dichas alertas tenían que ver con los antecedentes de varias de las empresas que constituían la unión temporal. Pues en el pasado ya había sido ganadora de otros contratos públicos que presentaban irregularidades. A pesar de esto, Niutelco, Intec de la Costa, que hacían parte de Centros Poblados y que además ya habían estado envueltas en situaciones irregulares que involucraban (como en el caso de Intec de la Costa) la presentación de “certificación falsa y errada del representante legal y el supervisor fiscal al reportar paz y salvo en el pago de la seguridad social de algunos trabajadores”, volvían a ganar un contrato público, por encima de otras compañías de telecomunicaciones reconocidas y fiables.
El compromiso de la licitación era llevar Internet a 15 zonas alejadas de Amazonas, Arauca, Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Hasta ese momento, las aguas permanecían un poco mansas. Pero , en mayo del 2021, se supo que mientras Claro, que había ganado la otra mitad de la licitación, llevaba 700 puntos conectados, Centro Poblados no llevaba ninguno. A pesar de que en ese mes, el MinTic informó que Centros Poblados había incumplido con el contrato, el escándalo de corrupción terminó de mostrar sus dimensiones cuando se hizo público que las garantía presentadas por la UT para acceder a los 70.000 millones como adelanto habían sido falsificadas. El mismo día el MinTIC inició un proceso en la fiscalía contra Centros Poblados, así como se traslado el caso a la procuraduría y a la Contraloría.
La investigación publicada en varias entregas por La W Radio le costó la salida a la abogada Karen Abudinen del Ministerio de Telecomunicaciones. También terminó con la detención del contratista Emilio Tapia, quien en la actualidad se encuentra recluido en la Cárcel de la Picota.
La actual ministra de esa cartera, Carmen Ligia Valderrama, aseguró el pasado 17 de diciembre que el contrato caducado a Centros Poblados pasará a manos de Colombia Conecta: una unión temporal constituida por la compañía de internet satelital, SkyNet y por ETB. Según Valderrama, entre ambas empresas deberán conectar las instituciones de la llamada Región B en 16 meses. Además sostuvo públicamente que el Gobierno Nacional continúa «con la ejecución de todas las acciones para sancionar a los contratistas incumplidos».
¿Dónde están los $70.000 millones que se entregaron a Centros Poblados?
A pesar de que en un principio, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque advirtió que los recursos disputados no podrían ser devueltos en dinero, puesto a que «ya se habían invertido en la consecución de equipos de soluciones solares que primero debían llevar energía a las zonas adjudicadas» (sin contar el resto de las supuestas compras que el proyecto supuestamente necesitaba), el periódico El Colombiano sostuvo que el contratista Emilio Tapia, estaría evaluando devolver los $70 millones de pesos para lograr un preacuerdo con la Fiscalía. Este dinero, según el medio antioqueño, podría salir de sus cuentas en Panamá.
La negociación habría tenido lugar 26 horas después de que Tapia, quién aún permanece recluido, revelara algunos nombres de presuntos implicados en el caso.
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Imágenes: MinTic
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